EL CRIMEN DEL ABORTO

No existe en nuestra civilización, para creyentes o no, un derecho a matar, y menos uno que obligue al Estado o a los particulares a proveer los medios para ejercerlo. La ley natural universal, la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho positivo con jerarquía constitucional, la jurisprudencia, la doctrina y el fallo reciente de la Corte Suprema, que afirma que el derecho a la vida es el primero, reconocen que todo ser humano es tal desde su concepción. Nociones elementales de derecho son suficientes para aprehender estas claridades.
En ese mismo instante de la concepción hay un nuevo ser humano; lo confirma categóricamente la biología. Esgrimir una ley o argumentos antinatura encubre la pretensión de regular el procedimiento para eliminar la vida de un ser humano, sentenciando a muerte a la más inocente, pura e indefensa de las criaturas: el niño por nacer. Triste ausencia pedagógica de los valores, degradación de la mujer, ignorancia del pudor.
La persona A, embarazada, mayor de edad o adolescente, sana o discapacitada, haya consentido o no la relación sexual, repudia su preñez. ¿Las deplorables situaciones que la afligen quedarían resueltas satisfactoriamente si elimináramos a B, su hijo, del mismo seno materno? B es un nuevo ser humano, pleno, creado a imagen y semejanza de Dios, único, distinto del padre y de la madre, insustituible, independiente de A, inocente supremo, ajeno a toda posible culpabilidad, pero, además, un inerme absoluto.
¿Honraremos el honor mancillado en A aniquilando a B, su hijo, y así resolvemos el drama de las muertes por abortos torpes o clandestinos? Si B fuera un minusválido congénito o tuviera el síndrome de Down, sería aún más indefenso. ¿Sería ésta una razón adicional para matarlo? Y si la madre corriera peligro al dar a luz, ¿resolveríamos el dilema exterminando al hijo y aduciendo legítima defensa? ¿Defensa contra qué supuesta culpa de qué supuesto agresor, aún nonato? Hipócrates le recordará al médico su juramento y sentenciará: "Intente salvar a ambos".
En el tope de la escala de los derechos humanos está el más vulnerable: el de nacer. Es inadmisible poner los derechos de los delincuentes por encima de los de las víctimas. No abundamos en este razonamiento para no ofender el sentido común y la inteligencia del lector. El proceder reciente en un hospital de Mar del Plata, que no dio cabida al rechazo de un padre, en ejercicio de la patria potestad, al aborto de su hija discapacitada, el ahora vetado protocolo de La Pampa, regulatorio de abortos no punibles, y la resolución de tribunales entrerrianos que otorgaron verdaderas licencias para matar son botones de muestra de la certera premeditación y alevosía presentes en los infanticidas.
La sola preocupación implícita de esa gente, émulos de Herodes potenciados ahora en ferocidad, es cuidarse de que los verdugos maten con higiene, usando barbijo y bisturí esterilizado. No interesan los miles y miles de abatidos a sangre fría en el sagrado santuario físico del vientre materno, convertido impiadosamente en una tumba.
El aborto es siempre un delito. Y delinque quien lo auspicia, lo comete, lo instiga o lo consiente, sea quien fuera. Ni la probable y provisoria impunidad terrenal ni los fueros —inmerecidos, por cierto— permiten la absolución de este crimen de lesa humanidad.